Este documento es un aporte a la reflexión común acerca de los problemas
centrales de la economía argentina y la formulación de propuestas que permitan
enfrentar la crisis.
Han participado de su elaboración, en el ámbito de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, los docentes e investigadores que
a continuación se detallan, con la coordinación de Abraham L. Gak, y se ha
visto enriquecido con los aportes surgidos de las jornadas de discusión
abarcativas de las distintas áreas temáticas, llevadas a cabo el 6 y 7 de
septiembre de 2001:
Daniel Azpiazu, Eduardo Basualdo, Luis Beccaria, Víctor Beker, Marta Bekerman,
Rubén Berenblum, Manuel Fernández López, Aldo Ferrer, Natalia Fridman,
Alfredo T. García, Norberto González, Jorge Katz, Saúl Keifman, Benjamín
Hopenhayn, Marcelo Lascano, Hugo Nochteff, Arturo O'Connell, Oscar Oszlak, Mario
Rapoport, Alejandro Rofman, Jorge Schvarzer, Héctor Valle y Salvador Treber.
La Universidad tiene, entre sus
responsabilidades, la de pensar el país en el marco del escenario mundial para
contribuir a elevar la calidad de vida del conjunto de la población y
consolidar la democracia.
Esta tarea es particularmente crítica y urgente en momentos como los actuales,
signados por el estancamiento, la concentración de la riqueza, el aumento de la
pobreza y la exclusión, y la pérdida de la capacidad de decidir nuestro propio
destino dentro del orden mundial contemporáneo.
En cumplimiento de esa responsabilidad ineludible, en el ámbito de la Facultad
de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, docentes e
investigadores convocan a la reflexión común para aportar a un diagnóstico
acerca de la naturaleza de los problemas centrales de la economía argentina y
comenzar a formular propuestas que permitan resolver la crisis y movilizar el
formidable potencial con que cuenta el país.
Colocamos esta contribución bajo la invocación del ave mitológica que renace
porque estamos convencidos de que el país puede resurgir del agobio a que lo
han sometido ideas y políticas incompatibles con los intereses fundamentales
del país.
Este debate y las contribuciones que lo sustentan son, pues, un aporte a una
tarea continua y permanente, que debe realizarse en el ámbito de libertad y
pluralismo inherente a la esencia misma de la Universidad.
Es en tal sentido que tienen aquí cabida disidencias y aun desacuerdos, sobre
la base del espíritu de trabajo en común que nos anima.
Somos plenamente conscientes de la responsabilidad que asumimos: ésta es una
etapa en la construcción del plan abarcativo e integrador al que aspiramos y en
el que estamos trabajando, en la seguridad de que el cambio en el modo de pensar
el modelo de país será fructífero.
Abrigamos la esperanza de que resulte convocante para quienes, desde otras áreas
de la sociedad, están elaborando ideas y propuestas que aporten al anhelado
renacer de la Argentina.
La teoría y la experiencia histórica y contemporánea de las economías mundial y argentina revelan que el desarrollo económico y la elevación de la calidad de vida requieren el cumplimiento de un conjunto de condiciones:
1. Estabilidad institucional y política.
2. Aumento del empleo e incorporación de la fuerza de trabajo al proceso de
crecimiento como requisito de integración del tejido social.
3. Funcionamiento eficiente y competitivo de los mercados de bienes y servicios,
financieros y reales.
4. Equilibrios macroeconómicos sólidos sobre la base de altas tasas de ahorro
interno e inversión, financiamiento genuino del sector público, competitividad
internacional, reducción drástica del déficit crónico en la cuenta corriente
del balance de pagos. Esto requiere, entre otros requisitos, la búsqueda
flexible de precios relativos consistentes con el mantenimiento del poder
adquisitivo y el equilibrio externo, y una baja tasa de inflación.
5. Competitividad de la producción nacional, limitando el endeudamiento externo
a la capacidad de generación de divisas e inversiones privadas directas en
actividades transables que, como mínimo, mantengan en equilibrio sus
operaciones en divisas.
6. Incorporación generalizada y continua del cambio tecnológico en todo el
sistema económico y social, participando de las corrientes dinámicas del
comercio internacional compuestas por bienes y servicios altamente
diferenciados.
7. Presencia de un Estado que asegure el desarrollo nacional, la integración
social, la equidad distributiva y el bienestar.
8. Soberanía monetaria, cambiaria y fiscal, dentro del contexto de la economía
internacional.
9. Existencia de mercados de capitales financieros al servicio de la producción
y el comercio.
10. Desarrollo de concepciones arraigadas en la realidad nacional y orientadas a
dar respuestas a los desafíos y oportunidades de la economía mundial.
La experiencia histórica y contemporánea es categórica: sólo tienen éxito
los países que participan activamente frente a la globalización manteniendo el
comando de su propio destino.
Pues bien, la trayectoria de
nuestro país revela el incumplimiento de esas condiciones necesarias para el
desarrollo económico y social; la única salvedad es la estabilidad
institucional y política recuperada con la democracia, después de más de
medio siglo de conflictos, tragedias y desencuentros.
Esta conquista, amenazada por el gravísimo deterioro de las condiciones
sociales, puede debilitar el régimen constitucional como un orden eficaz para
elevar la calidad de vida.
Predomina actualmente una visión fundamentalista de la globalización según la
cual un país periférico, como el nuestro, tiene que ser realista y aceptar que
ha perdido capacidad de decidir su propio destino, porque el poder radicaría,
según esa concepción, en la esfera transnacional. De allí las políticas de
apertura con sobrevaluación cambiaria, el ingreso indiscriminado de capitales
externos, la desnacionalización masiva de los servicios básicos, la industria,
la banca y las grandes redes comerciales, en suma, de subordinación a los
criterios predominantes en los centros financieros internacionales. Peor aún
cuando esas políticas se han cubierto bajo un manto de corrupción.
A partir de aquí, se han descalabrado los equilibrios macroeconómicos. Se
desfinanció el Estado a través de la reforma previsional y de numerosos
errores y omisiones en materia impositiva, agravándose el carácter regresivo
del sistema tributario; en consecuencia, aumentó el déficit y el endeudamiento
al punto que los intereses de la deuda representan hoy más del 20% de las
recaudación tributaria y el 50% del valor de las exportaciones. La combinación
de la apertura del mercado interno con sobrevaluación cambiaria, la fuga de
capitales, los intereses de la deuda y el déficit de las operaciones en divisas
de la inversión privada directa radicada en el país, generan un creciente y
fenomenal déficit de la cuenta corriente del balance de pagos.
La Argentina vive así pendiente de los cambios de humor de "los
mercados" financieros externos y está aterrorizada por el riesgo país,
revelador del grado de subordinación en que hemos caído.
El Estado se ha replegado y subordinado, abandonando responsabilidades
indelegables, y la política económica está limitada a transmitir señales
amistosas a "los mercados" y pagar los servicios de la deuda. Como el
ajuste es así interminable, la recesión no tiene piso. En estas condiciones,
el déficit cero que vincula el gasto con la recaudación lleva, en el límite,
a la extinción del gasto primario porque aquella está determinada, en primer
lugar, por el nivel de actividad económica.
Por otra parte, ni siquiera una profundización de la recesión que lleve a una
reducción aún más drástica de las importaciones, asegura el abastecimiento
de divisas necesario para cumplir con sus propios objetivos de dar pleno
servicio a la deuda en divisas del país.
Las consecuencias de este conjunto de pésimas respuestas a los desafíos y
oportunidades del orden mundial contemporáneo están a la vista: el
estancamiento interminable, el desempleo, la pobreza, la exclusión de segmentos
crecientes de la población de los frutos de la producción.
No existen paliativos desde el frente de la política social para semejantes
calamidades, debido a dos motivos: la creciente escasez de recursos y el hecho
de que el sistema se ha convertido en una infatigable fábrica de pobres,
desempleados y excluidos.
Es comprensible, pues, el clima generalizado de desesperanza y frustración, y
el sentir profundo de que está amenazada la existencia misma de la Nación,
pues ¿qué grado de autodeterminación subsiste cuando la sociedad percibe que
el Estado y sus políticas están al servicio de un solo objetivo: pagar los
servicios de la deuda?
Estos hechos están conduciendo a una situación terminal que amenaza el régimen
de contratos que sustenta a toda sociedad organizada. Este régimen es viable
cuando es compatible con la realidad económica de base, lo que no sucede,
actualmente, en la Argentina. Los contratos relativos a la convertibilidad, la
deuda pública, los depósitos y los préstamos, están amenazados por la
magnitud de los desequilibrios que están convirtiendo en incumplibles los
compromisos de los particulares y el Estado.
Es preciso desterrar las ilusiones del pensamiento predominante, que sólo
argumenta a partir de promesas de un futuro que nunca llega mientras que el
presente muestra una trágica realidad. Es imprescindible realizar un diagnóstico
preciso de la naturaleza de la crisis para apoyar, sobre esta base, su
tratamiento y una política que permita reiniciar el crecimiento, recuperar
capacidad de decisión y erradicar los males sociales que nos agobian.
Hacia el Plan Fénix es un aporte a tal propósito y al necesario debate sobre
la situación del país y su destino -que es el de todos nosotros-, cuyos
resultados confiamos puedan verse en un plazo no largo y que, en lo inmediato,
contribuya a cambiar la agenda de discusión de la política económica centrada
en los últimos lustros casi exclusivamente sobre temas de corto plazo, por
cierto importantes, pero que deben estar ineludiblemente acompañados por otros
que atiendan al desarrollo económico y social.
El Plan Fénix propone, a través de un amplio consenso social, encauzar a la Argentina en la senda del desarrollo sostenido, de manera que ese avance asegure la creación de empleos de calidad y cantidad suficientes para garantizar la inserción social y la mejora de los ingresos de las grandes mayorías nacionales.
Los objetivos básicos buscados
son el desarrollo económico y la equidad social, los que tenderán a
potenciarse mutuamente en la medida en que se cumplan los criterios propuestos.
Esto exige un enfoque integrador, de modo que las distintas áreas de la política
económica actúen de modo consistente entre sí, subordinando su orientación
específica a los objetivos principales deseados.
El desarrollo económico supone recuperar nuestra competitividad internacional,
garantizar un ritmo sostenido de crecimiento, no basado sobre mano de obra
barata, de modo que permita ocupar y remunerar adecuadamente la fuerza de
trabajo que nuestro país posee.
La equidad buscada se orienta a mejorar la distribución del esfuerzo y de sus
frutos y a encarar decididamente una política para una drástica disminución
de la pobreza en todo el país.
En este sentido también se tiende a un mejoramiento sistemático del nivel de
vida y oportunidades de los sectores de ingresos bajos y medios-bajos, y a que
los sectores de ingresos altos contribuyan al esfuerzo común de desarrollo.
La propuesta es, al mismo tiempo, orgánica y abarcativa, y debe concebirse como
un todo para superar el letargo y la frustración generados por las políticas
prevalecientes, impuestas por el "pensamiento único" y la subordinación
a los intereses de los mercados financieros internacionales y para preservar la
estabilidad institucional y política lograda a partir de la recuperación de la
democracia.
Las estrategias que se diseñen
deben estar orientadas a la búsqueda de la reactivación a través de enfoques
que intenten su logro en el plazo más breve posible.
Es necesaria la transformación de la estructura productiva y de la composición
de las exportaciones, incorporando productos diferenciados con mayor valor
agregado. El logro de mayor capacidad de innovación jugará un papel
fundamental en esta transformación.
El desarrollo productivo requiere la aplicación de políticas activas, que
tiendan a asegurar a los agentes privados una base mínima para que puedan
concretar sus propuestas. Ello supone consolidar el mercado interno, privilegiar
el espacio productivo del Mercosur como ámbito de actuación de los agentes
locales e incrementar la exportación de bienes hacia el resto del mundo.
La estrategia debe combinar la protección contra las prácticas desleales y el
dumping, el esfuerzo por colaborar con las empresas dinámicas en la creación y
adaptación de las nuevas tecnologías, y el impulso a la baja de las tasas de
interés a niveles razonables.
Al mismo tiempo, deben diseñarse estrategias que privilegien una mayor equidad
tanto desde el punto de vista de la generación de empleo como de la disminución
de las desigualdades en los niveles de ingreso.
La decidida ampliación del espacio nacional y márgenes de decisión del Estado
frente a las reglas de juego de la globalización constituyen una opción
esencial para el desarrollo endógeno.
Deben implementarse políticas que aseguren el equilibrio fiscal, monetario y de
balance de pagos.
Estas políticas, junto con otras semejantes, ofrecerán la base de un nuevo
esquema productivo que promueva el avance de empresas creadoras de riqueza y
empleo, en el marco de una economía sostenida por el deseo de forjar una nación
de ciudadanos productores y, por lo tanto, prósperos.
En lo inmediato es preciso
promover actividades empleo-intensivas y socialmente deseables; entre otras, la
construcción masiva de viviendas para los sectores de menores ingresos y el
refuerzo de la infraestructura básica, las que, al mismo tiempo, contribuirán
a sentar las bases físicas de un nuevo dinamismo económico.
Simultáneamente se deben promover oportunidades de empleo en los servicios a la
familia, como por ejemplo, la ampliación de los sistemas de cuidado infantil,
cuidado domiciliario de ancianos, promoción de salud en terreno y otras
actividades comunitariamente relevantes.
Esto incluye la realización de obras significativas para mejorar las
condiciones de vida en los municipios del país y la de obras de infraestructura
económica que coadyuven a la integración regional y a las comunicaciones Atlántico-Pacífico.
Se debe establecer un seguro de empleo y formación para los desocupados y una
asignación por hijo así como todas las medidas de promoción y cuidado social
necesarias y convenientes para terminar con el drama inaceptable del hambre y la
marginación en la Argentina.
Estas medidas requieren una reformulación del sistema financiero local y la
disponibilidad de mayores recursos fiscales que se deberán generar mediante las
políticas propuestas.
El refuerzo de las disponibilidades fiscales, indispensable para ganar mayor
espacio de maniobra para un Estado promotor al servicio del desarrollo y la
equidad social, se logrará actuando de manera simultánea sobre los ingresos y
los gastos públicos.
Los primeros mejorarán mediante una reforma impositiva global que, en esencia,
penalice la riqueza fácil y estimule la orientación de los recursos a la
inversión productiva; la reforma debe terminar con los subsidios ocultos en las
normas actuales, que cargan su peso sobre los que menos tienen mientras alientan
la elusión y permiten la evasión generalizada de los privilegiados.
Los gastos, por su parte, registran un rubro que ya alcanza un peso abusivo e
insoportable: los servicios de la deuda. Para contener su impacto negativo, hace
falta negociar una quita de los montos de capital adeudado, que se complemente
con una rebaja de las tasas de interés y un período de gracia de varios años.
Esta opción permite garantizar su pago en el futuro próximo con parte de los
frutos del desarrollo que se comenzarán a recoger con la aplicación de los
recursos liberados por la política propuesta. Es factible negociar estos
cambios porque los resultados van a beneficiar a los mismos inversores, que
tendrán así una perspectiva mucho más segura de cobro de sus acreencias en el
mediano plazo.
En materia tributaria, se propone aplicar una sobretasa sobre el total del
Impuesto a las Ganancias de los contribuyentes que durante cualquiera de los dos
últimos ejercicios hayan declarado una renta sujeta a impuesto superior a
montos que se establezcan.
Deben revisarse todas las disposiciones de carácter tributario que permitan la
evasión, por acción u omisión, tales como los patrimonios societarios que no
se reflejan en las declaraciones personales.
Se propone también derogar las exenciones referidas a rentas financieras,
primas de emisión y diferencias de valor en cuotas de capital, acciones y títulos
valores, así como la incorporación de los dividendos a los ingresos gravados
de las personas físicas.
Se debe tender a la disminución progresiva del IVA como tasa general y fijar
tasas diferenciales con reducciones sustantivas en los productos de primera
necesidad.
La mayor disponibilidad presupuestaria generada por esas mejoras en la recaudación
y los gastos no sólo aportará la base indispensable para las políticas
recomendadas, sino que aseguraráel pleno control público de las herramientas
de política económica necesarias para consolidar una nación autónoma y
democrática.
La reconversión del sistema financiero exige reducir las tasas de interés,
mediante una reducción de los encajes compatible con la vigencia de las normas
técnicas, la afirmación del peso como la moneda de intercambio nacional y el
tratamiento de la oferta de crédito como un bien público, indispensable para
el desarrollo.
La política de recuperación del peso no debe limitarse al sector financiero,
sino ampliarse hacia todos los ámbitos del intercambio local como una de las
herramientas para construir el peso como una verdadera moneda nacional, capaz de
conservar su valor adquisitivo y de representar la soberanía y la convivencia
nacional. La utilización de las divisas extranjeras debe recuperar su rol
natural de instrumento de intercambio con el resto del mundo.
El cuidado en mantener los equilibrios básicos de la economía permitirá
retomar el manejo de la política monetaria, la regulación de la política
financiera, la atención de la política cambiaria y la implantación efectiva
de políticas de provisión adecuada de bienes públicos en los campos de
educación, salud, ciencia y técnica, justicia, seguridad y defensa, que han
quedado postergadas frente a las falsas prioridades de las políticas previas.
En el marco de las restricciones
existentes, debe reconocerse que el desarrollo sigue siendo esencialmente un
proceso interno de transformación e integración social, organización y
movilización de los propios recursos.
La ejecución sistemática de los objetivos básicos buscados en los programas y
proyectos sectoriales y específicos permitirá revertir la situación actual y
generar el apoyo de la sociedad argentina al plan.
La decisión política de ponerlo en marcha se constituirá, así, en el motor
de un proceso virtuoso de desarrollo económico y recuperación humana que la
nación espera y necesita.
La viabilidad del programa de
reactivación y desarrollo de la Argentina enfrenta gravísimos problemas de
financiamiento externo e interno. Para hacer frente a estos problemas, y como
contraparte de los esfuerzos para aumentar el ahorro interno -público y
privado- se propone reprogramar por un plazo adecuado los pagos pasivos
externos.
En lo referente a la deuda, es necesario cambiar el perfil temporal de
vencimientos de intereses y amortizaciones para aliviar sustancialmente la carga
de servicios en los próximos cinco años. Para ello hay que reestructurar la
deuda pública a partir de una moratoria programada que determine por un período
plurianual los recursos que asignará el presupuesto nacional para el servicio
de la deuda.
Los pagos programados deben tomar en cuenta la disponibilidad de recursos
necesarios para la puesta en marcha y ejecución del plan, en una escala
ascendente que contemple la necesidad de un shock inicial de reactivación y el
creciente superávit primario de las cuentas fiscales y saldos positivos del
balance comercial que resultarán de su aplicación.
La reestructuración de la deuda requiere contemplar una reducción hacia un
nivel razonable de las tasas de interés.
Se debe hacer un relevamiento de la deuda privada para su conformidad por el
Banco Central de la República Argentina, la AFIP y la Aduana. Sobre esta base,
se negociará con los deudores mayores una reprogramación de plazos y tasas de
interés.
Es preciso acordar directamente con las grandes empresas, en especial las
filiales de empresas extranjeras radicadas en la Argentina, la reinversión
plena en el país de las utilidades por el plazo necesario para emerger de la
crisis.
Para el período inicial, se propone negociar un paquete plurianual de créditos
conforme con las posiciones del G-7 y de los organismos internacionales,
orientado a facilitar el financiamiento de las importaciones necesarias para el
programa de crecimiento económico.
Se propone el lanzamiento de un
programa nacional de apoyo y reconversión de las estructuras productivas del
interior del país, con especial preferencia dirigido hacia el segmento de la
pequeña producción rural y urbana.
En cada economía regional se propone organizar un consejo nacional de
transformación productiva con equidad social con participación del estado
nacional, los estados provinciales, las universidades, los organismos de ciencia
y tecnología y los productores.
Deben priorizarse aquellos
mecanismos de generación de empleo que conlleven una mejora de la calidad del
empleo y que favorezcan a ciertos grupos, especialmente los trabajadores menos
calificados.
Modificar la tendencia actual no sólo es funcional al objetivo de mejorar el
bienestar de los trabajadores sino también al de facilitar el crecimiento de la
productividad.
Las políticas de carácter más activo, como los subsidios al empleo privado y
los programas de generación directa en el sector público, así como los de
entrenamiento y capacitación, también deben estar destinadas a mejorar la
posibilidad de que los grupos más postergados obtengan empleo.
En este sentido, es preciso desarrollar estrategias de reescolarización en el
sistema educativo formal de los desocupados con formación inferior al
secundario completo, orientadas a la inserción ocupacional.
Es necesario instituir un amplio seguro de desocupación y medidas de apoyo
directo que aseguren a la población acceso a la educación, la salud y, en
general, a la satisfacción de sus necesidades básicas.
Se propone avanzar hacia la universalización de la seguridad social,
estableciendo beneficios sociales derivados de la noción de derechos ciudadanos
independientes del recorrido laboral de los individuos.
La nueva política debe abarcar
toda la estructura productiva, orientada a forjar una estrategia de aliento
general a la mayor producción y la productividad que abarque las
interrelaciones entre la industria, el agro y las demás ramas de la economía.
La regulación no debe frenar el mercado, pero tampoco puede ni debe someterse a
él. La prueba decisiva de la eficiencia de una estrategia como la que se
propone reside en los resultados obtenidos en términos de desarrollo económico
y equidad del sistema.
La política industrial debe estar dirigida a las empresas como agentes
centrales dinámicos de la producción antes que a las ramas o sectores. Los
aspectos sectoriales específicos serán tenidos en cuenta como telón de fondo
de las decisiones al respecto.
Las medianas y pequeñas empresas deben recibir apoyos organizativos y técnicos
que posibiliten su desarrollo y modernización, con condiciones de
financiamiento apropiadas.
Es preciso que las políticas dirigidas a las grandes empresas estén inmersas
en un proceso de negociación en el que las medidas de apoyo razonable
demandadas por éstas tengan una clara contrapartida en términos de aportes
efectivos a la dimensión y eficiencia de la producción local.
El paradigma de producir para exportar implica como condición previa y
necesaria el producir de modo eficiente y en cantidades abundantes para el
mercado nacional y regional.
Es preciso, para la recuperación
de la economía argentina y la generación de empleo y bienestar, aplicar una
política que remueva la dependencia externa mediante la mejora de los precios
relativos de la producción argentina y su competitividad, el fomento de las
exportaciones, la defensa del mercado interno (que en la mayoría de las economías
exitosas constituye el principal destino de la producción de bienes y
servicios) y el aumento del ahorro interno (que financia la mayor parte de la
acumulación de capital).
Para ello se debe inducir a las filiales de empresas extranjeras que cierren su
déficit operativo en divisas y se vinculen con la producción y el sistema de
ciencia y tecnología locales, al tiempo que se impulsa una relación simétrica
con el Brasil a partir de la división del trabajo intraindustrial.
Es necesario jugar un rol activo en el plano internacional, no dependiente de
los intereses de las potencias centrales, sino teniendo en cuenta la verdadera
problemática del escenario internacional y la naturaleza de las cuestiones en
juego y de los países o actores afectados, y su relación con las necesidades
del desarrollo argentino.
Es prioritario volver a instalar a la Argentina en su ámbito geográfico
natural - América latina- fortaleciendo y ampliando el MERCOSUR a través de
políticas comunes en los planos económico, diplomático, social y tecnológico.
En este marco, es esencial el respeto del derecho internacional, especialmente
de los derechos humanos, la libre autodeterminación de países y pueblos, la
defensa de los valores culturales propios, del medio ambiente y la calidad de
vida, y los procesos de paz que consoliden intereses históricos y culturales
nacionales y regionales.
El objetivo esencial es
recuperar la moneda local y la posibilidad de ejercer políticas monetarias y
crediticias autónomas y responsables que den sustento a la transformación
social y productiva buscada.
Es necesario diseñar propuestas innovadoras que reduzcan la vulnerabilidad que
presenta el sistema financiero y lo vuelquen hacia el financiamiento a la
producción.
Debe diseñarse una política de encajes suficiente para la solidez del sistema,
y que no conspire contra el financiamiento productivo y, al mismo tiempo,
realizar acuerdos de préstamos contingentes con organismos financieros
internacionales que fortalezcan las reservas del Banco Central para sustentar la
moneda nacional, hasta tanto se diluya la restricción externa y se pueda
acumular reservas derivadas de la cuenta corriente para este fin.
Se debe mantener la estabilidad del sistema financiero teniendo en cuenta la
protección de los pequeños y medianos depositantes y tomadores de créditos,
diferenciando las políticas que afecten a éstos respecto de las políticas
orientadas a las grandes inversiones, particularmente las especulativas.
Es necesario implementar una política estricta de creación de dinero que esté
vinculada con la evolución de la economía real y que libere los fondos que ésta
demanda para su funcionamiento.
Es preciso establecer controles sobre los flujos externos de capital que
permitan reducir los efectos de las crisis financieras internacionales, con
potencialidad para reducir los riesgos de iliquidez. Se aplicarán los controles
que tengan un efecto positivo sobre el financiamiento de la inversión
productiva, desalentando las operaciones especulativas y alentando
selectivamente las inversiones externas directas.
Debe recordarse que el valor del
dinero es el valor de cambio del mismo respecto de los productos y servicios; es
decir, su poder adquisitivo o poder de compra. De acuerdo con la ley orgánica
del Banco Central, su obligación básica no consiste en mantener constante el
tipo de cambio del peso en relación con cualquier otra moneda, sino su valor de
cambio en relación con las mercancías. Por lo tanto el BCRA sólo debe
preservar el tipo de cambio en la medida en que ello sea compatible con la
finalidad fundamental de estabilizar el valor del dinero. Esto no ocurre cuando
el tipo de cambio sólo puede mantenerse por medio de la baja interna de precios
y salarios.
El abandono de un tipo de cambio de cambio fijo -cualquiera sea el camino que se
elija- requiere, entre otras, de las siguientes condiciones previas y simultáneas:
aumento del nivel de reservas hacia el promedio del año 2000; reordenamiento y
saneamiento de las cuentas públicas; un sistema de seguro de desempleo que
coloque a todos los hogares por encima de la línea de pobreza y un salario mínimo
equivalente; renegociación de la deuda con quita y suspensión del pago de
intereses; aumento de las protecciones efectivas relativas de las manufacturas más
diferenciadas; imposición de retenciones a las exportaciones con fuertes
ventajas comparativas presentes, tales como petróleo y energía; medidas para
reducir la apertura financiera tales como imposición a las operaciones de
moneda y fiscalización por el BCRA; compensación de efectos de la depreciación
sobre los saldos de deudas y créditos de sectores de ingresos medio-bajos y
pequeñas empresas.
En cuanto a los servicios públicos, desdolarización, reducción de tarifas,
aplicación de la "neutralidad tributaria" contemplada en los
contratos de privatización y plena vigencia de las normas generales de defensa
de la competencia.
La Argentina debe tener una
presencia muy alta y un fuerte perfil en las negociaciones multilaterales, más
que en negociaciones con algunas áreas encaradas separadamente.
En relación con la OMC es preciso reclamar el cumplimiento estricto de los
compromisos asumidos en la Ronda Uruguay y la adopción de disciplinas más
estrictas en la aplicación de medidas antidumping.
En cuanto al MERCOSUR, es preciso preservar la unión aduanera y negociar
conjuntamente, formular soluciones para los pocos sectores conflictivos y llevar
a la práctica proyectos de integración conjunta en áreas de nueva
competitividad.
Se debe concretar a la brevedad un acuerdo con la comunidad andina como paso
para la constitución de un área de libre comercio para América del Sur.
Con referencia a las negociaciones del ALCA y el acuerdo UE- MERCOSUR, es
preciso adoptar una posición firme por la cual sin acuerdo en el sector
agropecuario y en el ALCA sobre medidas antidumping y eliminación de barreras
no arancelarias, no se debe aceptar haber avance alguno.
Asimismo es necesario insistir en medidas de adaptación gradual y de apoyo
financiero y técnico a sectores afectados por la liberalización.
Deben tomarse en cuenta aspectos
presupuestarios y administrativos que contemplen implementar técnicas de
presupuestos por programas, resultados y base cero; jerarquizar el organismo que
elabora y coordina la confección y posterior control de gestión del
Presupuesto de la Administración Pública Nacional; recuperar los organismos de
Administración Fiscal virtualmente desmantelados; implementar un régimen
unificado de control de las empresas privatizadas con participación de las
universidades y de los usuarios; elaborar programas racionales y permanentes de
lucha contra la evasión.
Asimismo debe diseñarse una reforma integral en materia tributaria, que
comenzará a aplicarse en forma progresiva y que deberá elevar la carga o presión
impositiva en jurisdicción nacional en un porcentaje significativo del PBI, con
particular énfasis en los impuestos a las Ganancias y sobre Ganancias de
Capital , especialmente en los sectores de altos y muy altos ingresos.
Debe dictarse una nueva ley de Coparticipación Federal que contemple una acción
conjunta y coordinada de la Nación, las Provincias y la Capital Federal en su
administración y lucha contra la evasión.
En lo referente a aspectos previsionales, es necesario efectuar una revisión
integral del régimen actual, tendiendo al control para erradicar el
trabajo"no declarado" y la evasión en materia de aportes, así como
la reinstalación de los aportes patronales, inicialmente en los sectores no
transables de la economía.
Debe acordarse una nueva agenda
en materia de políticas de fomento productivo y tecnológico encaminada a
revitalizar la productividad y competitividad del aparato productivo argentino.
En lo referente a tecnología, se debe desarrollar e inducir la utilización de
tecnologías con mayor valor agregado doméstico e ingeniería local; agregar
valor y manejo ecológicamente sustentable a los recursos naturales; inducir la
difusión de tecnologías de la información; desarrollar los sectores
productores de software y de una industria local de contenidos; articular el
sistema nacional, regional y sectorial de innovación; desarrollar capital
humano y favorecer el reciclaje de la fuerza laboral; implementar políticas de
creación de nuevas ventajas comparativas en industrias asociadas con el uso de
nuevas tecnologías.
En materia de competitividad internacional, es preciso mejorar competitividad e
inserción internacional en industrias procesadoras de recursos naturales;
desarrollar sectores de servicios a la producción asociados con la explotación
de recursos naturales ; brindar protección a industrias nacientes con contenido
tecnológico local; reducir el impacto de las barreras para arancelarias a los
productos locales.
En cuanto a los regímenes tecnológicos y competitivos sectoriales, se requiere
profundizar el papel de la competencia y los marcos regulatorios como
instrumentos de defensa del consumidor y como fuente de fondos para financiar el
establecimiento de nuevas inversiones productivas.
Es necesario tener en claro que,
a pesar de su creciente descrédito y del virtual desmantelamiento a que lo ha
sometido la embestida neoconservadora, el Estado sigue siendo la máxima
instancia de articulación social.
Es necesario lograr un mejor Estado, tecnológica y culturalmente más avanzado,
que contemple el fortalecimiento de aquellas instituciones y programas que
promuevan nuevos equilibrios en los planos de la redistribución del ingreso y
el poder social y que priorice los necesarios cambios en las instancias
subnacionales, incluyendo mecanismos de participación ciudadana en los
distintos niveles, en el marco de un replanteo del rol y la agenda del Estado,
así como de sus relaciones con la sociedad civil.
Las reformas hacia adentro del Estado deben implantar nuevas tecnologías de
gestión y tranformar las pautas culturales vigentes, para lo cual requieren la
firme voluntad política de quienes lo conducen.
En lo relativo a la promoción del desarrollo, el papel preponderante cumplido
por el Estado como productor de bienes y servicios, como responsable principal
del avance científico y tecnológico, como regulador del mercado laboral, como
constructor de la infraestructura material del país o como interventor en el
comercio externo ha dado paso a un creciente abandono de estas funciones -lo que
ha tendido a favorecer al gran capital privado, nacional y transnacional-; en
tal sentido, el estado nacional debe redefinir este rol, con las modalidades que
resulten más conducentes para los objetivos acordados.
En cuanto a las funciones relativas al bienestar de la población -salud,
educación, previsión social, vivienda- urge que el Estado reasuma su
responsabilidad en estos aspectos indelegables, fortaleciendo sus principales
instituciones y con el claro convencimiento de que un Estado débil es incapaz
de asumir el irrenunciable papel que le corresponde como articulador social y
orientador de la dinámica y dirección global de la sociedad, estableciendo
nuevos equilibrios en las relaciones de dominación social y política.
Se debe promover , y aun forzar,
patrones de comportamiento empresario que se asemejen, en todo lo posible, a los
esperables en mercados eficientes, como un ineludible mecanismo en materia de
regulación de monopolios naturales, sancionando y aplicando normas antimonopólicas
específicas.
Es necesario diseñar y aplicar políticas orientadas a regular el
comportamiento y rentabilidad de los servicios públicos privatizados. Para ello
se requiere la revisión de los siguientes temas: precios de base de estos
servicios para limitar las ganancias extraordinarias; eliminación de las
demoras regulatorias y aplicación efectiva de los factores de eficiencia;
anulación de las cláusulas de ajustes periódicos de las tarifas mediante
indexaciones que contravienen la ley de convertibilidad; reglamentación de la
ley de defensa de la competencia en los que concierne a los servicios públicos
privatizados.
Por otra parte, es necesario que los bienes y servicios de producción nacional
tengan preferencia en las compras de las empresas privatizadas.
La transformación fundacional requerida para
ponernos de pie requiere la conformación de una nueva coalición social que
refleje al mismo tiempo la voluntad de superación de la crisis y la formalización
de una nueva identidad que debemos construir entre todos.
Esta coalición debe integrar aquellos sectores que encarnan la producción,
provenientes del trabajo y del capital, y a las actividades esenciales que hacen
que nuestra sociedad continúe funcionando.
La unión para la reparación de la Nación requiere atravesar y enlazar a los
partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil de forma de
alcanzar un amplio consenso de bases mínimas respetadas por todos, que exprese,
de manera inequívoca, un programa de revitalización del que nadie que desee
participar legítimamente pueda sentirse excluido.
El consenso social determinará el grado de intervención del Estado y del
mercado en la asignación de los recursos y la distribución de la riqueza. Este
criterio se ha demostrado perfectamente compatible con el funcionamiento del
sistema capitalista en las naciones más desarrolladas del planeta. También
deberá descansar sobre este consenso la reconstrucción del concepto de
ciudadanía fiscal, por el que todos nos convertimos en obligatorios
sostenedores del estado, en relación con una equitativa distribución de las
cargas impositivas.
Nos espera una ardua tarea orientada a la ocupación positiva de nuestro
territorio y a la integración con nuestros vecinos del Mercosur a partir de la
fijación de razonables intereses nacionales y regionales. Debemos ampliar y
consolidar los avances del agro y erigir las bases de la nueva industria
argentina, la del valor agregado del conocimiento y la inserción en los
mercados internacionales y restablecer al estado en el rol de árbitro y
protector, y no de amenaza para los argentinos.
Debemos fortalecer la democracia en el marco del imperio de estado de derecho
establecido por nuestra Constitución, procurando el pleno y transparente
funcionamiento de los partidos políticos.
Se impone retomar los resortes del poder nacional para las determinaciones
estratégicas que hacen a los grandes temas del país.
Cuanto antes comencemos, menor será el sufrimiento causado por la herencia
recibida y más rápida la unión de la ciudadanía alrededor de un nuevo
consenso social. El parto de una nueva sociedad hará a la Argentina renacer
para recobrar lo que sobraba a nuestros antecesores: coraje y confianza en el
futuro.
Buenos Aires, septiembre de 2001